Cada mañana, 340.000 ciudadanos europeos cruzan la frontera hacia Suiza para trabajar. Llegan a un país cuya riqueza ha crecido enormemente en las últimas dos décadas. Entre 2002 y 2024, el producto interior bruto per cápita del país se duplicó, superando los 103.000 dólares. Este auge económico ha convertido a Suiza en uno de los lugares más ricos del mundo.
Sin embargo, esta prosperidad ha generado un profundo debate nacional sobre el espacio, la identidad y el futuro. El 14 de junio de 2026, los votantes suizos se enfrentarán a una elección histórica. Votarán sobre una reforma constitucional para limitar permanentemente la población residente del país a 10 millones de personas hasta el año 2050.
La propuesta, titulada "¡No a una Suiza con 10 millones! (Iniciativa de Sostenibilidad)", fue creada por el partido SVP (Unión Democrática del Centro), un grupo populista de derecha. El SVP argumenta que el rápido crecimiento de la población es insostenible y está sobrecargando los servicios públicos como la vivienda, el transporte, las escuelas y la sanidad. También lo ven como una lucha por la identidad nacional, temiendo que el crecimiento ponga en peligro el carácter cultural único de Suiza.
La propuesta tiene riesgos geopolíticos importantes. Si la población alcanza los 9,5 millones, el gobierno deberá restringir la inmigración. Si se llega a los 10 millones, Suiza tendría que terminar su acuerdo de libre circulación con la Unión Europea (UE) en dos años. Este acuerdo es fundamental para la relación de Suiza con la UE, que no es miembro pero accede a su mercado único a través de acuerdos bilaterales. Terminarlo podría cancelar otros tratados importantes y amenazar la participación de Suiza en el espacio Schengen.
El gobierno suizo y el parlamento se oponen a la medida. Los líderes empresariales están preocupados porque la UE compra el 60% de las exportaciones suizas. Los críticos también señalan un desafío demográfico: hay más personas mayores de 65 años que menores de 20. Limitar la inmigración podría empeorar la escasez de mano de obra y afectar la estabilidad del sistema de pensiones.
Las encuestas muestran una división de opiniones. Una encuesta de abril de 2026 mostraba la iniciativa en cabeza, pero una más reciente indica que los opositores tienen una ligera ventaja. Para ser aprobada, la iniciativa necesita una "doble mayoría": ganar el voto popular nacional y ser aprobada en la mayoría de los 26 cantones suizos.