El lunes por la mañana, seis de las compañías farmacéuticas más poderosas del mundo recibieron noticias de Washington: la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar su caso. Los jueces no ofrecieron explicación, disidencia ni comentario alguno.
Para Novo Nordisk, AstraZeneca, la unidad Janssen de Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Novartis y Boehringer Ingelheim, ese silencio fue la derrota más contundente posible.
Las compañías habían pasado meses construyendo un argumento constitucional. Afirmaban que el programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare violaba la Enmienda Quinta sobre confiscación de propiedad, las protecciones de libertad de expresión de la Primera Enmienda, y derechos de debido proceso. La Corte Suprema rechazó considerar cualquiera de estos argumentos.
Al denegar la apelación el 18 de mayo de 2026, los jueces mantuvieron en vigor las decisiones de tribunales inferiores que ya habían favorecido al gobierno. La ley central en este conflicto es la Ley de Reducción de la Inflación, firmada por el presidente Joe Biden en 2022. Fue la primera ley estadounidense que autorizó a Medicare a negociar directamente con fabricantes de medicamentos sobre precios.
Ahora, las negociaciones de precios continuarán. Las compañías que perdieron el lunes volverán a la mesa de negociaciones.