El 29 de abril de 2026, fiscales estadounidenses presentaron cargos contra diez funcionarios mexicanos actuales y antiguos. El principal acusado es Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa de 76 años. Según la acusación, Rocha Moya y sus coacusados protegían a los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.
Esta es la primera vez que Estados Unidos acusa a un gobernador mexicano en funciones. Los cargos también incluyen a un senador federal, Enrique Inzunza Cazárez, y a un presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil de Culiacán.
Los fiscales afirman que durante la campaña electoral de 2021, los Chapitos secuestraron a los rivales políticos de Rocha Moya, robaron votos y cajas de votación, y lo ayudaron a ganar. También alegan que recibieron millones de dólares en sobornos de dinero del narcotráfico para permitir envíos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
Si es condenado, Rocha Moya enfrenta una sentencia mínima de 40 años en prisión. Sin embargo, todos los acusados se encuentran en México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó extraditar a los funcionarios, diciendo que exige pruebas "claras e irrefutables" antes de actuar.